Ante esta situación extraordinaria y excepcional, en cumplimiento de los principios rectores de las políticas públicas recogidos en el Estatuto de Autonomía, la Junta de Castilla y León pone en marcha una acción coordinada de atención a las personas, empresas e instituciones que hayan sufrido daños personales, materiales, económicos, sociales o de cualquier otra índole, poniendo en marcha actuaciones encaminadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales.